Como una solución viable para la crisis de insolvencia en los ayuntamientos –no solo del estado, sino de todo el país- se presenta la propuesta presidencial de fortalecer las facultades de la Auditoria Superior de la Federación, ASF, anunciada por Enrique Peña Nieto como parte de sus 10 acciones en materia de justicia.
Así lo consideró el dirigente estatal del Sindicato de Burócratas, Maximino Iglesias Caro al señalar que el abultamiento de nóminas y el uso de recursos públicos en rubros para los cuales NO fueron presupuestados figuran entre las principales causas de insolvencia en los ayuntamientos del país, pero la medida propuesta por el Ejecutivo Federal de conferir mayores facultades jurídicas a la ASF podría poner un punto final a ese tipo de prácticas.
Señaló que de a cuerdo a lo anunciado por el Presidente de la República, las 10 acciones en materia de justicia contemplarían un fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación para que actúe durante la ejecución del gasto público y NO cuando haya concluido la aplicación de presupuestos, escenario que de llevarse a la práctica permitiría regular a las autoridades municipales para que no abulten la nómina a su discreción y lesionen con ello la solvencia de las instituciones.
En este sentido Iglesias Caro dijo que el Sindicato de Burócratas viene pugnando –desde hace años- porque los mandos medios de Gobierno del Estado y ayuntamientos sean ocupados por personal de base a través de concursos de oposición que garantizarían en esos espacios el desempeño de gente con conocimientos y experiencia probada, al tiempo de evitar nuevas contrataciones de personal que la mayoría de veces no posee el mínimo perfil. Sostuvo que el abultamiento de nóminas, por pago de favores políticos, representa la mayor losa económica para las dependencias públicas municipales.
Agregó que a nivel local y con frecuencia, existen autoridades municipales que sin tener documentación técnica alguna acusan al Sindicato de Burócratas -y al pago de prestaciones para sus agremiados- de ser la mayor carga financiera para los ayuntamientos, pero dijo que esa afirmación está totalmente alejada de la realidad, ya que la dirigencia laborista tiene en su poder documentos que confirman que la nómina de personal de confianza supera hasta en tres a uno el número de trabajadores de base.
Apuntó que en muchos otros casos la insolvencia de los ayuntamientos se origina por la aplicación de recursos públicos en rubros para los que NO fueron presupuestados, como la aplicación de obras y programas que no están dentro de las facultades municipales, situación que genera una serie de incumplimientos económicos que terminan por perjudicar las arcas públicas.
En este sentido dijo que las autoridades no atienden recomendaciones financieras que permitan ganar solvencia, porque se amparan en el artículo 115 constitucional que plasma la autonomía municipal, pero con esa nueva propuesta presidencial que avanzaría a través de reformas en el Congreso de la Unión se tiene la expectativa de que mejoren los mecanismos de control en el ejercicio de recursos públicos.
Maximino Iglesias Caro sostuvo que estas acciones se favorecerían con la implementación del Sistema Nacional Anticorrupción que reforzaría el esquema de vigilancia de autoridades, al puntualizar que la transparencia en el ejercicio gubernamental de los ayuntamientos se favorecerá también con la eventual aprobación de la Ley contra la Infiltración del Crimen organizado en las autoridades municipales.
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