abril 24, 2024

Los jóvenes detenidos en el Zócalo tras la movilización del pasado 20 de noviembre acusaron intimidación y torturas físicas y psicológicas desde el momento en que fueron aprehendidos hasta su traslado a los penales de Nayarit y Veracruz.

En conferencia de prensa en el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, seis de los once detenidos relataron cómo fue su detención y señalaron a personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación a la Delincuencia Organizada (SEIDO) de cometer presuntos abusos.

En su testimonio, Atzín Andrade, estudiante de La Esmeralda, comentó ella asistió a la movilización ciudadana con el contingente de su escuela, sin embargo, al llegar al Zócalo, durante el enfrentamiento entre policías y manifestantes encapuchados reinó la confusión.

«Todo fue un caos», dijo y señaló que al momento de su detención fue golpeado por elementos de la policía en las espinillas, en la cabeza y fue arrastrado al Palacio Nacional, de donde después fue llevado a instalaciones de la SEIDO.

«Nos trataron como la peor escoria», opinó el estudiante.

Por su parte, Liliana Garduño relató que asistió a la movilización para tomar fotografías y expresó que su captura fue arbitraria

«Jamás me dijeron las razones por las que estaba detenida, ni a dónde nos llevarían», declaró.

En tanto otra de las detenidas, identificada como Hillary Analí declaró que en las instalaciones de la SEIDO autoridades les tomaron fotografías desde que bajaron del autobús en el que fueron transportados.

«No me dejaron informarle a mi familia hasta que no firmara la declaración», acusó.

Al respecto, Tania Ivonne Ramírez comentó que ante su negativa a someterse a las pruebas periciales estuvo incomunicada por alrededor de 25 horas.

«No me dejaron hacer la llamada y la condicionaron a que me hiciera las pruebas. Firmé la declaración por temor», declaró.

Asimismo, siete de los 11 aprehendidos  exigieron al Gobierno federal y local garantizar su integridad física y psicológica.

Tania Ivonne Damián Rojas, una de las detenidas y liberadas leyó, en el Centro Prodh de Derechos Humanos, un pronunciamiento donde llamó al Presidente de la República, al Secretario de Gobernación, el Procurador General de la República, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Secretario de Seguridad Pública local, el Procurador del Distrito Federal y a la SEIDO hacer un pronunciamiento donde aseguren la integridad de sus familias.

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