Una comisión multidisciplinaria de funcionarios judiciales, trabajaron detalladamente en la elaboración de una nueva Ley Orgánica para el Poder Judicial del Estado, ya que ante los avances en la modernización y digitalización de los procesos, los cambios que se han generado en el ámbito jurídico y la capacitación constante del personal así como las exigencias de una sociedad en pleno desarrollo; nos demandan efectuar cambios a profundidad en la forma de realizar nuestro trabajo, afirmó el Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez.
Informó Gallo Rodríguez, que se integraron mesas de trabajo con cada uno de los responsables de las distintas áreas, para que basados en sus necesidades, responsabilidades y obligaciones elaboraran una iniciativa, resaltó, en la que se plasmará el Quehacer Jurídico de cada órgano, y de esta manera cumplir con el principal propósito de la Ley Orgánica que es regular y delimitar las atribuciones y compromisos de Magistrados, Jueces, Salas y Órganos Administrativos que integran en Poder Judicial del Estado de Baja California Sur.
Se realizaron revisiones exhaustivas de las atribuciones y obligaciones de cada una de las áreas con el fin de actualizar y mejorar tanto los procesos normativos como administrativos, lo que ha generado una nueva Ley Orgánica y como consecuencia un nuevo reglamento, subrayó Gallo Rodríguez; se estableció que cada una de las áreas deben generar sus manuales de organización de acuerdo a su actividad, del diario quehacer, el cual debe enriquecerse y actualizarse.
El Magistrado Presidente enfatizó, que se ha puesto especial atención al capítulo de responsabilidades de los Funcionarios Judiciales, regulándose de una manera completamente diferente a la actual Ley, lo que traerá como consecuencia que conductas deshonestas y negligentes de Funcionarios Judiciales sean castigadas y no queden impunes, respondiendo con ello a una sentida demanda ciudadana.
De acuerdo a los resultados que se han obtenido, este nuevo documento hace una limpieza a profundidad, es actualizado, acorde a lo establecido por la Constitución Política de México, es de avanzada porque atiende necesidades de los Derechos Humanos, recoge lo establecido por el Código Nacional de Procedimientos Penales, crea las figuras de los operadores del Nuevo Sistema de Justicia Penal, Jueces de Control, entre otras importantes innovaciones acordes a los lineamientos Nacionales y Estatales.
El Magistrado Presidente Daniel Gallo Rodríguez, destacó que en la elaboración de este documento se actualiza la normatividad vigente, tiene la visión de estar a la par de las Legislaciones más actualizadas, se rompen paradigmas con los esquemas tradicionales y practicas obsoletas que como consecuencia se presentan en los procedimientos Jurídicos y Administrativos al paso de los años y de ahí la necesidad de crear algo nuevo.
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