El Congreso del Estado inició el proceso legislativo de redacción y elaboración de lo que será en la breve la nueva normatividad en materia de niñas, niños y adolescentes sudcalifornianos, como parte de la armonización que la Ley General en la materia que obliga a las entidades federativas a elaborar un documento en este sentido, para poder dotar de una amplia protección legal a este sector de la sociedad, como una parte del reconocimiento a tratados internacionales de los que México es parte.
En reunión de trabajo convocada por la Comisión de la Familia, la Salud y la Asistencia Social, representantes de instituciones estatales del sector salud, educación DIF, laboral, derechos humanos y de Atención a Personas Con Discapacidad, entre otros, pusieron de manifiesto la necesidad de que Baja California Sur cuente con un nuevo marco normativo que garantice derechos y no sea asistencialista como hasta ahora viene sucediendo con las normas en vigor en la entidad en lo relacionado con niñas, niños y adolescentes.
La Presidenta de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, Diputada Adela González Moreno dijo que el propósito de este tipo de reuniones es escuchar “con mucha atención a quienes directamente se encuentran en el campo de trabajo atendiendo a la niñez y juventud de nuestro estado. Ustedes como institución tienen la experiencia y la vivencia de su labor permanente en este importante sector, y eso queremos que nos transmitan a los diputados, para enriquecer este proyecto que busca lo mejor para las niñas, los niños y los jóvenes de Baja California Sur”.
Señaló la legisladora González Moreno que como parte de este trabajo legislativo en un plazo de dos días tendrán las instituciones públicas relacionadas una propuesta de dictamen para conjuntamente analizarlo “y con ello dar pasos en firme para lograr el cometido de una mejor protección jurídica a niños y jóvenes en los cinco municipios del estado”.
El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba comentó que es mucho lo que se tiene que hacer en el terreno jurídico para una mejor defensa y mayor protección de los derechos de esta parte de la población en el estado.
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