El Congreso del Estado rechazó unánimemente la creación de la denominada Notaria Social para el estado de Baja California Sur porque sería una carga muy onerosa para la administración estatal, institución en la que hubiera descansado administrativamente la operación de esta instancia de haber sido aprobada.
El dictamen presentado por las comisiones unidas de la Salud, la Familia y la Asistencia Pública y de Asuntos Fiscales Y Administrativos señala que en el eventual surgimiento de la Notaría Social traería como consecuencia la burocratización de los servicios notariales, lo que implica la creación de una gran infraestructura, con enormes costos, no solamente en los insumos necesarios para su operación, sino en la contratación de personal altamente especializado y capacitado para poder ejercer la carrera u oficio notarial correspondiente de manera profesional a efecto de bridar seguridad y certeza jurídica en las transacciones de manera imparcial, y por ello resulta improcedente en las condiciones financieras actuales de nuestras instituciones”.
El dictamen argumenta que pretender que el Estado dirija sus recursos para la creación de una nueva infraestructura y oficios notariales y que atienda una necesidad “que hoy en día está debidamente atendida, aún para las personas de escasos recursos, no tiene justificación”, ello en virtud de que en la sociedad sudcaliforniana existen demandas de mayores recursos para salud, educación, obra pública, seguridad y vivienda.
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